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Contraloría General de la República
Autoriza -por razones de urgencia- obras para 9 salas de cirugía provisionales en Hospital Mexico

Autoriza -por razones de urgencia- obras para 9 salas de cirugía provisionales en Hospital Mexico

21 de agosto, 2014

La División de Contratación Administrativa de la CGR autorizó al Hospital México para contratar de forma directa a la empresa Equipos e Instalaciones Electromecánicas (EQUILSA LTDA) para realizar las obras necesarias a fin de habilitar nueve salas de cirugía provisionales por un monto máximo de ¢100.000.000 colones, de conformidad con el contenido presupuestario disponible.

Ahora, el Hospital México tendrá un plazo de 8 semanas para que el contratista realice las obras determinadas como necesarias por la Administración para la habilitar de las 9 salas de cirugía provisionales y será responsable de que dichas salas cumplan con las condiciones necesarias para la adecuada prestación del servicio de salud y que no pondrán en riesgo la vida de los pacientes y del personal del Centro Médico.

Asimismo, la Administración será responsable de evitar que los costos de las obras se incrementen injustificadamente así como que los materiales y equipos resulten de calidad y óptimos para el fin propuesto.

Ver oficio de autorización

 

 

Contraloría General de la República
Insuficiente control y fiscalización de CNE a unidades ejecutoras de obra pública

Insuficiente control y fiscalización de CNE a unidades ejecutoras de obra pública

20 de agosto, 2014

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-06-2014. El objetivo de la auditoría fue determinar la razonabilidad del control y fiscalización ejercidos por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) sobre las unidades ejecutoras que desarrollan obra pública. Se analizaron las actividades de la fase de reconstrucción de la emergencia, los mecanismos de control y seguimiento ejercidos por la CNE en esa fase, y aquellos utilizados para rendir cuentas sobre la oportunidad y buen uso de los recursos públicos invertidos. La auditoría abarcó el período 2008-2012

Se evidenció insuficiente control y fiscalización ejercido por la CNE sobre las actividades y acciones desarrolladas por las unidades ejecutoras durante el proceso de reconstrucción de las obras públicas a su cargo; lo cual, propicia demoras significativas en la ejecución, finalización y entrega de las obras.

Ejercer de forma efectiva la fiscalización y el control que corresponde a la CNE sobre las unidades ejecutoras, es fundamental para tener una seguridad razonable acerca de las responsabilidades, la organización, capacidad técnica y administrativa de estas unidades, que les permita cumplir con sus responsabilidades en la fase de reconstrucción de una emergencia; de modo que la acción conjunta y coordinada de todos los agentes involucrados permitan la oportunidad y eficiencia en la reposición de las obras de infraestructura pública afectadas, en la atención de las causas de riesgo o necesidades originadas por la emergencia.

Resumen general de hallazgos

Deficiente control sobre el plazo de ejecución de las obras en fase de recontrucción. De 75 proyectos examinados 63 incumplieron la fecha de entrega, 29 fueron ejecutados en el doble de tiempo utilizando la figura de suspensión de la obra sin plazos para ello.

No se fiscaliza el cumplimiento de la calidad de los materiales, técnicas para su aplicación, la utilización del equipo y métodos constructivos; tampoco consta la presencia de funcionarios de la CNE en la recepción de obras de algunos proyectos.

No se exige a las unidades ejecutoras informes de evaluación mensual y final que den cuenta del avance físico y de la calidad de las obras, y permita tomar acciones correctivas oportunas.

Se presentan vacíos normativos de la CNE sin que en su lugar se utilicen normas de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento en cuanto a suspensión de obras, resolución contractual, prórroga de plazos, reajuste de precio y finiquito. Esto fomenta el manejo discrecional de los plazos.

No se cuenta con mecanismos para verificar si resulta suficiente la estructura, organización, capacidad técnica y administrativa de las instituciones propuestas como unidades ejecutoras; esto deriva en incumplimientos de plazo y calidad.

• El atraso en el desarrollo de las actividades se debe, en su mayoría, a las suspensiones de los trabajos que pueden ser previsibles, como establecer plazo a la suspensión, revisar el correcto diseño de las obras o condiciones topográficas, contratación de ingenieros para supervisión.

• Lo anterior, ha ocasionado casos de obras que superan los 5 años de ley desde la aprobación de los planes generales de emergencia hasta la entrega de las obras; el caso del puente del río Desenredo en Colorado de Pococí construido a desnivel; lo cual, incrementa el costo y posterga la solución requerida por las comunidades.

Disposiciones del informe contralor

A la Presidencia de la CNE: reestructurar, emitir e implementar el proceso de fiscalización y control sobre las unidades ejecutoras para la reconstrucción de las obras producto de las emergencias; oficializar un informe de evaluación del avance físico de las obras y acreditar que las unidades ejecutoras pueden asumir la ejecución de estas.

La CGR realizará el correspondiente seguimiento de estas disposiciones en la Administración.

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Contraloría General de la República
Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU en riesgo

Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) del INVU en riesgo

18 de agosto, 2014

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-08-2014, el estudio tuvo como objetivo verificar la validez e integridad de los ingresos y desembolsos del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La fiscalización que ha efectuado la CGR evidencia situaciones de riesgo en la administración de los recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo, lo cual, se agudiza con la insuficiencia y obsolescencia de los sistemas de información con base en los cuales el Instituto toma decisiones en esta materia. Es fundamental garantizar elementos de control y gestión que permitan la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía acerca del manejo correcto de los recursos del Sistema y del cumplimiento del fin social de dotar de soluciones de vivienda a los suscriptores, y se fortalezca el control con la prevención de eventuales fraudes.

Resumen general de hallazgos

• En opinión de la CGR, la Junta Directiva del INVU tomó decisiones que rebasan las atribuciones de su función normativa dado que extendieron el ámbito de participación y financiamiento de los recursos del SAP a personas jurídicas, lo que desvirtúa el fin social del Sistema orientado a financiar casas de habitación a personas físicas.

• Estas decisiones culminaron en la acumulación del 11% de los contratos de ahorro en poder de algunas personas físicas y jurídicas desde el 2009 a diciembre de 2013, mediante nexos entre familiares y los integrantes de las juntas directivas de esas empresas, donde por ejemplo una persona jurídica adquirió 585 contratos por ¢4.216 millones, y solo ¢531 millones se constituyeron en crédito para vivienda.

• Se determinó el caso de agentes de venta del INVU que acumulan cantidades significativas de contratos de ahorro; así por ejemplo, el núcleo familiar de un agente suscribió 621 contratos por ¢3.900 millones, cuyas salidas de efectivo representaron ¢259 millones de las que solo el 37.4% son operaciones para vivienda.

• Se detectaron sumas negativas al reconstruir en una muestra de transacciones los montos de ahorro y de salidas de efectivo en el Sistema, ante lo cual la Administración confirmó la existencia de sobregiros en dichas transacciones al girar sumas de más a algunos suscriptores.

• No se garantiza la confiabilidad de la información contenida en los expedientes de contratos de ahorro y los de préstamos, pues, no fue posible localizar algunos de ellos, otros están incompletos y no se controla el acceso a éstos.

• Los sistemas de información computarizados que dan soporte al SAP no están integrados, presentan un alto nivel de obsolescencia técnica y limitan la calidad, seguridad y disponibilidad de información para la correcta operación y control del Sistema.

Disposiciones

A la Junta Directiva del INVU: consultar a la Procuraduría General de la República si le asiste competencia a ese órgano colegiado para ajustar mediante acuerdo el Reglamento para el Sistema de Ahorro y Préstamo, en cuanto a las modalidades que permiten la suscripción de contratos de ahorro para la adquisición de casa de habitación, conforme lo establecido en la normativa.

• Realizar una investigación preliminar a fin de corroborar la concurrencia de eventuales responsabilidades en los funcionarios del INVU que tuvieron participación en los sobregiros confirmados por el Instituto ante sumas negativas mostradas por el Sistema de Ahorro y Préstamo, y tomar las acciones que en derecho correspondan.

• Emitir y divulgar las políticas y procedimientos para la implementación de un sistema de archivo en el Departamento de Gestión de Programas de Financiamiento de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, que asegure la confiabilidad e integridad de la información contenida en los expedientes de contratos y préstamos; así como, depurar la información contenida en las bases de datos atinentes a los procesos del Sistema de Ahorro y Préstamo.

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Prácticas de tiro y permiso de portación de armas para personal policial del Ministerio de Seguridad Pública requiere mejoras

Prácticas de tiro y permiso de portación de armas para personal policial del Ministerio de Seguridad Pública requiere mejoras

06 de agosto, 2014

El Área de Servicios Públicos Generales de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-PG-IF-04-2014, cuyo objetivo fue verificar que el personal policial del Ministerio de Seguridad Pública disponga del permiso de portación de armas al día, y si los programas de capacitación incluyen la realización periódica de prácticas de tiro. Dichas acciones contribuyen a fortalecer la gestión de seguridad ciudadana asignada al Ministerio, y con ello generar confianza en la ciudadanía.

Resumen de hallazgos

• Se carece de una política institucional que oriente las prácticas de tiro que realiza el personal policial del Ministerio de Seguridad Pública.

• Las actividades de capacitación y entrenamiento que se realizan en esa materia, no responden a una programación periódica.

• Los permisos para portar armas por parte de los funcionarios policiales se emiten por un período de cuatro años y deberían ser por dos años y sin la participación del Departamento de Control de Armas y Explosivos de la Dirección General de Armamento, de acuerdo con lo que la normativa establece.

• El Sistema de Registro Académico (SIRA), en el cual la Escuela Nacional de Policía lleva el registro de los cursos que imparte a los funcionarios policiales del Ministerio presenta diversas inconsistencias.

Disposiciones del Informe

Al Ministro de Seguridad Pública: emitir lineamientos para la realización de las prácticas de tiro por parte de los distintos cuerpos policiales; asimismo para que los permisos de portación de armas sean otorgados por el período de dos años y con la participación de la instancia administrativa que corresponda.

Al Director de la Escuela Nacional de Policía: formular la programación anual y plurianual de las prácticas de tiro para los distintos cuerpos policiales; y establecer procedimientos de control orientados a promover la calidad de la información del Sistema de Registro Académico.

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